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La institucionalización de la investigación científica en México. Breve cronología
 
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Óscar Gustavo Retana
     
               
               

 

Una de las premisas básicas de la ciencia es que la huma­ni­dad
se beneficie de la generación de sus conocimientos por medio de su incorporación a los procesos de producción. Es decir, la ciencia es en sí misma un bien, ya que es fuente generadora de superación humanística. Para que en cada país este bien sea efectivo es necesaria la cons­truc­ción y consolidación de un sistema nacional de ciencia, lo cual depende de la conciencia generalizada del va­lor real que tienen la investigación y el conocimiento cien­­tí­fi­co para contribuir al desarrollo de una nación, en especial de la comprensión que tengan los gobernantes sobre el pa­pel que ésta desempeña para superar el estancamiento eco­nómico, lograr el desarrollo social y el uso sustentable de los re­cursos naturales.

En México, la creación de este Sistema Nacional de Cien­cia remonta a más de 500 años, y su historia se puede di­vi­dir en tres periodos: del Colonialismo al Despotismo Ilus­trado (1525-1792), del movimiento de independen­cia al por­firiato (1810-1888), y del movimiento revolucionario al sistema actual (1900-2000). La primera etapa se inicia tras consumarse la conquista de México-Tenochtitlán, cuan­do comienza la empresa de conocer los recursos natu­ra­les con que contaba la nueva colonia. Pedro de Gante fun­dó en 1525 el Colegio de San José de los Naturales, conside­ra­do como la primera institución educativa novohispana, y que en 1529 cambió de nombre por el de Colegio de San Juan de Letrán. Posteriormente, en 1536, se constituyó el Co­le­gio de la Santa Cruz de Tlatelolco, considerado como el pri­mer centro de educación superior en América, cuyas ac­ti­vidades motivaron la creación de la Real Universidad en 1539, así como la fundación del Colegio de San Nicolás y los Colegios Mayores en 1540 y 1557 respectivamente. Cabe destacar que en el año de 1579 se impartió la primera cá­te­dra en ciencias médicas en el continente americano, deno­minada “Prima de Medicina”.
 
Lamentablemente, a partir de que se instituye la edu­ca­ción escolástica, en el año de 1570, y por más de 200 años, la penetración de los avances científicos y nuevas co­rrien­tes filosóficas en la Nueva España fueron sometidos a la teo­logía y al consentimiento eclesiástico. Fue hasta 1764 cuando el despotismo ilustrado del rey Carlos III favoreció el libre comercio en América, propiciando la introduc­ción de las obras de Calvino, Descartes, Diderot, Feijoo, Filan­gie­ri, Linneo, Montesquieu, Newton, Rousseau y Voltaire.

La apertura provocada por la Ilustración motivó en la Nueva España el establecimiento de los primeros centros laicos; en 1767 se crea el Colegio de las Vizcaínas y en 1768 la Real Escuela de Cirugía y el Jardín Botánico, que junto con la fundación en 1777 del Real Seminario de Minería, así como la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, en 1781, para la enseñanza de la pintura, escultura y arqui­tec­tu­ra, constituyeron el antecedente de la institucionalización novohispana de las ciencias y artes en México.

La segunda etapa, que va del movimiento de indepen­den­cia al porfiriato, se inicia con la firma de los tratados de Córdoba, tras el triunfo del movimiento de independencia, cuando dan comienzo las primeras acciones nacionalistas para impulsar la ciencia en México. En 1825, por decreto del presidente Guadalupe Victoria, se funda el Museo Na­cional Mexicano, y en 1826, a iniciativa de Lucas Alamán y Pablo de la Llave se crea el Instituto de Ciencias y Artes de la ciudad de México con el objetivo central de promover la actividad científica.

En 1833, cuando Valentín Gómez Farías era presidente interino, a iniciativa del Dr. José María Luis Mora se pro­mul­ga una Ley sobre Enseñanza Pública, cuya aplicación condujo, por una parte, a la clausura de la Real y Pontificia Universidad y, por otra, a la creación de la Dirección Ge­ne­ral de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales, cuyo propósito era formar un órgano rector de la educación y el desarrollo de la ciencias. Ese mismo año se crean la Biblioteca Nacional y la Escuela Normal.

Tras la victoria liberal de la Guerra de Tres Años (1857-1860), el presidente Benito Juárez integra el Ministerio de Justicia, Fomento e Instrucción Pública, y promulga la nue­va Ley sobre la instrucción pública, modificada en 1867 como Ley Orgánica de Instrucción Pública, a partir de la cual, en 1868, se establecen las escuelas de Estudios Pre­pa­ratorios, de Jurisprudencia, de Medicina, Cirugía y Far­ma­cia, de Agricultura y Veterinaria, de Ingeniería, de Na­tu­ra­listas, de Bellas Artes, de Comercio y Administración, de Artes y Oficios, un observatorio astronó­mi­co, un jardín botánico y la Academia Nacional de Ciencias y Li­teratura.

En 1878 se decreta la creación de la Comisión Geográfica Exploradora con el propósito de co­nocer los recursos na­turales del país y levantar la Carta General a escala 1:100 000. En 1886 se forma la Comisión Geológica Mexicana, dependiente de la Secretaría de Fomento, que en 1888 se transformaría en el Instituto Geológico Na­cional con el objetivo de efectuar el estudio geológico del territorio mexicano; mismo año en que se crea el Institu­to Médico Nacional, para estudiar desde esa perspectiva la flo­ra, fauna y geografía del país. Asimismo, ante la nece­si­dad de contar con una institución que efectuara inves­ti­ga­ción de primer nivel en materia de patología y bacterio­lo­gía, se crea en 1896 el Museo Anatomo-Patológico Nacional, que años más tarde se transformaría en el Instituto Pato­ló­gico Nacional.

Del movimiento revolucionario al sistema actual

Con el siglo XX da inicio la tercera etapa, que va de 1900 a 2000. En ese entonces la actividad científica y la educación superior en el país eran conducidas por medio de una es­tructura de instituciones gubernamentales y académicas, cuyo desarrollo tomaría un nuevo impulso tras el movimiento revolucionario.
 
En el año de 1900 se funda la Comisión de Parasitología Agrícola, dedicada al estudio de las plagas agrícolas y que, al igual que el Instituto Médico, dependían de la Se­cre­taría de Fomento. En 1908 se crea la Escuela Nacional de Agricultura y la Escuela Agrícola Central con el fin de orien­tar y fomentar la investigación agronómica hacia el mejoramiento de cultivos y control de plagas.

En 1910 el Museo Nacional Mexicano se divide en el Mu­seo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Antropología, año en que Justo Sierra reconstituye la Universidad Nacional de México a par­tir de las escuelas de enseñanza superior establecidas du­rante el gobierno de Juárez y la recién creada Facultad de Altos Estudios, en la cual se realizaban estudios especia­lizados en distintas áreas científicas.
 
En 1915, los centros que se dedi­ca­ban al estudio de las ciencias naturales —el Instituto Mé­dico Nacional, el Mu­seo Nacional de Historia Na­tural, la Comisión de Ex­ploración Biológica y el Museo de Tacubaya— se fusionan para crear la Dirección de Es­tudios Biológicos. En 1921 se establece, en la recién crea­da Secretaría de Agricultura y Fomento, la Dirección de Es­tudios Geográficos y Climatológicos.

En 1924 se reinaugura, en la ex hacienda de Chapingo, la nueva Escuela Nacional de Agricultura, con reformas radicales a sus planes de estudios. En el año siguiente, la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México se convierte en la Facultad de Filosofía, en la cual se prosiguió con la enseñanza científica hasta 1930, cuan­do se constituye la Sección de Ciencias, que en 1935 dio ori­gen a las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, y de Ciencias Médicas y Biológicas, las cuales se uni­fi­caron en 1939 , con excepción de las ciencias mé­di­cas, en la Facultad de Ciencias.

En 1929, con el decreto de la autonomía universitaria, el Observatorio Astronó­mi­co, el Instituto Geológico y el Servicio Sismológico Nacional pasan a formar parte, junto con otras instituciones, de la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que la Dirección de Estudios Biológicos que es traspasada al Instituto de Biología.
 
En el año de 1934 se funda el Ins­tituto Biotécnico, dependiente de la Se­cretaría de Agricultura y Fomento, para aten­der las investigaciones relacionadas con la agricultura, ganadería, explotaciones fo­restales y actividades pesqueras, aunque su es­truc­tura y denominación cambia en 1940, al crearse el Instituto de Investigaciones Pecuarias.

Durante la administración de presidente Lázaro Cárde­nas se vio la necesidad de crear un organismo que ordena­ra las instituciones que realizaban actividades científicas y de enseñanza superior, por lo que en 1935 se crea, por de­creto presidencial, el Consejo Nacional de Educación Su­pe­rior y de la Investigación Científica (conesic), el catali­zador para la cimentación de la construcción de un Sis­tema Nacional de Ciencia.

A partir del conesic, en 1936 se funda el Instituto Po­li­técnico Nacional, en 1938 El Colegio de México, y en 1939 se crea el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropica­les, primera institución en México dedicada a la investiga­ción científica en materia de salud pública.

En 1942 la conesic es sustituida por la Comisión Im­pul­sora y Coordinadora de la Investigación Científica (cicic), que supervisa la fundación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, cuyo trabajo sobre mejora­mien­to genético del maíz y el trigo conduciría a la famosa Revolución Verde de los años sesenta. Posteriormente, en 1946 se crea el Instituto Mexicano de Investigaciones Tec­nológicas, en 1947 el Instituto de Investigaciones Agrícolas y en 1948 los Laboratorios de Fomento Industrial.
 
En el año de 1950 la cicic es sustituida por el Instituto Nacional de la Investigación Científica (inic) con el obje­ti­vo de promover a nivel nacional la coordinación y el desa­rrollo de la investigación científica, así como el de formar una masa crítica de investigadores y fungir como órgano de consulta del poder ejecutivo federal en materia de cien­cia. Este nuevo órgano rector impulsa en 1958, con la re­presentación de 11 universidades y 12 institutos, la funda­ción de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (anuies), con la finalidad de unifi­car y coordinar los esfuerzos en materia de desarrollo y su­peración de la educación superior. Esto condujo a que en 1959 se constituyera la Academia de la Investigación Cien­tífica, con la encomienda de promover la investigación y la difusión de la ciencia en México.
 
En la década de los sesentas el Estado continuó la ins­ti­tucionalización de la investigación científica, creando el Cen­tro de Investigación y Estudios Avanzados del ipn y el Ins­tituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, así como el Centro Interna­cio­nal para el Mejoramiento del Maíz y del Tri­go. Para fortalecer las áreas pecuaria y forestal se crea en 1965 el Instituto Na­cio­nal de Investigaciones Pecuarias y el Ins­tituto Nacional de Investigaciones Fo­res­ta­les, ese mismo año, para impulsar la in­vestigación en el ramo energético, se funda el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Na­cional de Energía Nuclear.
 
En 1967 se lleva a cabo la primera Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico y So­cial de México, cuyas resoluciones incluyen la creación de un comité para el estudio y fomento de la ciencia y la tec­nología integrado por el rector de la unam, el director ge­ne­ral del ipn y el vocal ejecutivo del inic. Una de sus pri­me­ras acciones fue convocar a una reunión para atender la problemática existente entre la investigación cien­tí­fica y tecnológica y los flujos económicos de la nación, cuya conclusión general fue que era prioritario establecer un sistema nacional en ciencia y tecnología que coadyuvara al desarrollo integrado del país, por lo que en 1969 la Se­cre­taría de la Presidencia encomendó al inic que a partir del primero de enero de 1970 realizara el primer estudio diag­nóstico del país sobre la situación de la investigación cien­tífica y tecnológica. Se obtuvo así el primer docu­men­to en la historia de México sobre política nacional y pro­gra­mas de ciencia y tec­no­lo­gía. A pesar de la labor de­sempeñada por el inic, el Estado determinó la ne­cesidad de contar con un nuevo organismo de carác­ter nacional que sistema­tiza­ra la actividad científica na­cional, por lo que el 29 de di­ciembre de 1970 el inic daba fin a 20 años de labores al publicarse en el Diario Oficial la creación del Con­sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt).

Este organismo inició sus actividades formales en 1971, proponiéndose la formulación de programas específicos para enfrentar la problemática de aprovechamiento de los recursos naturales, instrumentar acciones para solu­cio­nar las deficiencias en salud, alimentación, producción agro­pecuaria y forestal, educación, industrialización, co­mer­cio exterior, desarrollo rural y descentralización. En este último rubro, fue hasta 1976 cuando se fundaron quin­ce centros e institutos de investigación, entre los que des­ta­can el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el Centro de Investigaciones Eco­ló­gi­cas del Sureste y el Instituto de Ecología, A.C.
 
A finales de 1984 se contabilizaban apenas 187 Insti­tu­ciones de educación superior, 48 institutos tecnológicos y 25 centros de investigación. Entre las principales causas que hasta 1980 impidieron el progreso de la investigación científica nacional podemos señalar: 1) la ausencia de me­canismos de cooperación internacional; 2) una transferen­cia de tecnología inadecuada; 3) la falta de recursos humanos bien capacitados para la investigación y desarrollo experimental; 4) una raquítica in­versión del gasto nacional en ciencia y tec­no­logía; y 5) una disparidad en el apoyo y desarrollo de ciertas áreas.

Ante los resultados obtenidos, el go­bierno federal promulgó la Ley para coor­dinar y promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología a fin de contar con un instrumento jurídico que defi­niera las responsabilidades y atribuciones de las dependencias de la administración pública.

En 1986 se estableció el Programa Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior. Entre las líneas de acción destacan: a) la creación del Fon­do Nacional para el Desarrollo de la Investigación Cien­tífi­ca; b) la sistematización de las relaciones entre las ins­ti­tu­cio­nes y centros de investigación y el sector productivo; y c) el impulso a la descentralización y regionalización de pro­gra­mas de posgrado e investigación científica y tecnológica.
 
En 1999, en el marco del acuerdo celebrado entre el Con­sejo Consultivo de Ciencias, la Academia Mexicana de Ciencias y el conacyt, se crea la nueva la Ley para el fo­men­to de la investigación científica y tecnológica, la cual pretendía promover un crecimiento más acelerado y efec­tivo de las actividades científicas y tecnológicas del país, pero tuvo una efímera existencia, pues el 5 de junio de 2002 se publicó la nueva Ley de ciencia y tecnología, así como la nueva Ley orgánica del conacyt, sucesos que a la fecha no son bien vistos por la comunidad.

Con el comienzo del nuevo milenio se establece el Pro­gra­ma Nacional de Ciencia y Tecnología, a partir del cual se constituye, en 2002, el Programa Especial de Ciencia y Tec­nología, que será el instrumento fundamental de plani­ficación científica de nuestro país hasta el 2006.

Conclusión


El proceso de institucionalización de la educación superior e investigación científica en México, esencial para la construcción de un sistema nacional de ciencia y tec­nología, ha sido lento y, no ha logrado su con­solidación y posicionamiento como instrumento rector que haga de la ciencia y la enseñanza superior un instru­men­to que lleve al progreso social y económico de nuestra nación.

El corolario es claro; si en el México actual se continúa subvalorando la ciencia y sus instituciones, no sólo no se lo­­gra­rá la consolidación del sistema nacional de ciencia y tecnología, sino que estaremos enterrando más de 480 años invertidos en formar una estructura para la en­señanza superior y la investigación. Refle­xio­ne­mos sobre las expectativas futuras si se conti­núa sin in­vertir al menos 1% del pib en actividades cien­tífi­cas, si la fronte­ra de nuestro rezago educativo y tec­no­lógi­co se sigue ampliando aún más. ¿Cómo pro­piciar el desarrollo social y la in­de­pen­den­cia eco­nómica de nuestro país sin apoyan la edu­cación y la actividad científica?
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Referencias bibliográficas

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como citar este artículo
Rentana Guiascón, Óscar Gustavo. (2009). La institucionalización de la investigación científica en México. Breve cronología. Ciencias 94, abril-junio, 46-51. [En línea]
     

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